Estar en una situación económica complicada puede llevarle a pensar en cualquier medio para obtener ingresos. Bajo tales circunstancias, si usted es funcionario público u obtiene recursos del estado, podría no resultar descabellada la idea de apropiarse o de utilizar algunos fondos públicos, pero la realidad, es que esto puede llevarle a prisión.
Independientemente de los motivos para realizar este tipo de acción, las consecuencias de esto, pueden perjudicar su vida para siempre, si no contacta lo antes posible con un abogado defensor. Esto se debe a que, la apropiación indebida de fondos públicos, se considera como un delito en la jurisdicción de California, el cual es investigado cuidadosamente por las autoridades y sancionado severamente con prisión, multas y otras medidas desfavorables.
Si usted ha estado involucrado en algún hecho de este tipo o ha sido acusado por el referido delito, los abogados de Orange County Criminal Attorney Law Firm, están capacitados para asesorarle y brindarle asistencia legal durante todas las etapas del proceso, para lograr obtener la solución más favorable a sus intereses.
¿Cómo se comete este delito?
Según lo establecido en el Código Penal de California, específicamente en la Sección 424, comete este delito toda persona, bien sea funcionario público o que tenga control sobre fondos públicos y use o se apropie de los mismos de manera indebida. Así, por ejemplo, si un funcionario público encargado de tesorería, debe pagar la matrícula escolar de su hija menor, pero al no tener los recursos para ello, decide tomar dinero del organismo para el cual trabaja, podría incurrir en este delito.
Ahora bien, visto que no sólo los funcionarios públicos pueden cometer este delito, también podría ser acusado por el mismo, un hombre que dirige una fundación sin fines de lucro dedicada a actividades vinculadas con programas educativos para niños y cuyo funcionamiento es financiado por el gobierno, si el hombre utiliza los recursos otorgados, para cubrir gastos personales.
Así entonces, cualquier empleado a quien le corresponda la recepción, custodia, transferencia o desembolso de fondos públicos y se apropie indebidamente de los mismos, puede incurrir en este delito.
¿Quiénes son considerados como funcionarios públicos?
Los funcionarios públicos, según la ley, son aquellos ciudadanos que se desempeñan como empleados o prestan sus servicios bajo una relación de dependencia para cualquier tipo de agencia u oficina del estado, de un condado, pueblo, distrito o ciudad. El carácter de funcionario público puede ser adquirido mediante elección, designación o por ser un empleado de cualquier dependencia del estado.
En atención a esto, tanto un alcalde, como un subdirector de alguna dependencia de una oficina de un condado, o incluso un abogado que se desempeñe como empleado de este tipo departamentos, puede ser acusado en virtud de este delito, por llevar a cabo alguna conducta considerada como apropiación indebida de fondos públicos.
Por ejemplo, estaría cometiendo este delito, un alcalde que está casado, pero además se encuentra involucrado sentimentalmente con una mujer que trata de aprovecharse de su dinero y la mujer le exige constantemente joyas costosas, vehículos y vestidos de marcas famosas, pero el alcalde no puede continuar costeando los gastos de su hogar y los de la amante y para resolver esto, decide tomar algunos de los fondos destinados a un proyecto que se llevaría a cabo en su jurisdicción.
También puede ser acusado por este delito, un funcionario encargado de la gestión de las finanzas en una dependencia pública, si por considerar que su cargo no es de gran importancia y que no será investigado, decide tomar periódicamente ciertas cantidades de dinero del estado.
¿Qué se entiende por fondos públicos?
Se entiende como fondos públicos todas aquellas sumas de dinero que provengan de la venta de bonos o cualquier otro tipo de operación, debidamente autorizada por el órgano legislativo correspondiente, que produzca dividendos para el estado.
Así entonces, según la legislación vigente en California, los fondos públicos incluyen todo el dinero que sea manejado en las instituciones, dependencias, agencias u otro tipo de oficinas públicas, en virtud de los pagos por multas, licencias, impuestos, entre otras formas de obtención de ingresos establecidas por la ley.
¿Qué tipo de conductas pueden constituir este delito?
Este delito, puede cometerse de distintas formas, entre las cuales se encuentran: apropiarse de fondos públicos sin tener la autoridad para ello, hacer uso indebido, obtener beneficios o hacer préstamos sin autorización de fondos públicos, negarse a pagar o transferir dichos fondos, mantener cuentas falsas o realizar operaciones fraudulentas con las cuentas.
¿Qué implica apropiarse de fondos públicos sin tener autoridad para ello?
Definir las condiciones de uso y el destino de los fondos públicos corresponde al Estado y, en consecuencia, ningún particular se encuentra autorizado para disponer de tales fondos fuera de los parámetros establecidos por la ley. Ello así, cualquier funcionario público que tenga la responsabilidad de recibir, custodiar transferir o desembolsar fondos públicos y se haya apropiado de estos, incurre en esta forma del delito.
Vale destacar que, la apropiación puede llevarse a cabo para el provecho propio del funcionario o de otro sujeto, siempre que el referido funcionario o empleado haya tenido conocimiento de la ilicitud de su conducta.
Ahora bien, si el funcionario no tenía conocimiento de la prohibición legal de realizar la conducta que constituyó el delito, pero actuó negligentemente al no realizar lo conducente para asegurarse de tener la autoridad para realizar la acción, igualmente puede ser acusado por el delito.
Respecto al conocimiento de la ilicitud de la conducta, vale precisar que no es necesario que la persona sepa con precisión los detalles legales, basta que esté consciente de que la conducta estaba prohibida por la ley.
En cuanto al concepto de negligencia criminal, este hace referencia a que la persona haya actuado prescindiendo de un nivel de cuidado razonable. Para determinar este nivel de cuidado se toma como parámetro, la conducta de cualquier ciudadano común. La negligencia se clasifica como imprudente, grave o agravada.
¿En qué consiste hacer uso indebido, obtener beneficios o hacer préstamos de fondos públicos sin autorización?
Hacer uso indebido de fondos públicos consiste en emplear estos de una manera que se encuentre fuera de los parámetros o fines para los que la ley autoriza a los funcionarios públicos o a determinadas personas. Por su parte, obtener beneficios de tales fondos de manera indebida se refiere a lucrarse o recibir algún tipo de provecho en virtud de darle al dinero, un destino distinto al otorgado por la ley.
En cuanto al otorgamiento de préstamos de fondos públicos sin autorización, esto se refiere a que un funcionario público o persona autorizada para tener uso y control de los referidos fondos, autorice u otorgue un préstamo de manera indebida, sin atender a los requisitos legales para esto o sin tener la debida autorización.
Para los supuestos de este delito anteriormente señalados, también se requiere que el funcionario público o persona autorizada para el manejo de fondos públicos, haya tenido conocimiento de la ilegalidad de su conducta o haya incurrido en negligencia criminal.
Así, por ejemplo, si Christian trabaja como gerente de finanzas de una institución pública encargada del otorgamiento de préstamos a inversionistas, autoriza un préstamo a Elena, fuera de los parámetros legales, estaría incurriendo en este supuesto del delito.
¿Qué se entiende por negarse a pagar o transferir fondos públicos?
Esta forma de apropiación indebida de fondos públicos consiste en omitir o negarse, deliberadamente, a realizar pagos o transferencias de fondos públicos, aunque la ley lo exija o exista una orden o giro librado sobre tales fondos.
Igualmente, incurre en este supuesto toda persona que se niegue u omita pagar determinados fondos públicos, de manera deliberada, aunque se encuentre facultada y obligada legalmente a hacerlo. Esto implica que, para que se configure este supuesto del delito, es necesario que exista una exigencia legal realizar un pago o erogación de fondos públicos y que la misma haya sido conocida (o razonablemente debió serlo) por la persona que negó u omitió realizar el pago.
Un ejemplo de este supuesto del delito, ocurre si Juan, en el ejercicio de su cargo de funcionario público del departamento de finanzas de una oficina del condado, debe disponer lo conducente para realizar un pago ordenado por ley, pero decide negarse a hacer el pago.
¿A qué se refiere mantener cuentas falsas y realizar operaciones fraudulentas con las cuentas?
Este tipo de conductas son consideradas como formas de apropiarse indebidamente de fondos públicos y se refieren a realizar operaciones con cuentas de manera indebida o fraudulenta.
Al respecto, mantener cuentas falsas implica llevar este tipo de cuentas. Mientras que, realizar operaciones con cuentas de manera indebida o fraudulenta, implica hacer anotaciones falsas o eliminar información en cualquier tipo de cuenta de fondos públicos.
Asimismo, se incluyen dentro de estos delitos, la alteración, la falsificación, el ocultamiento, la destrucción o la eliminación de cualquier tipo de información en las cuentas vinculadas con fondos públicos con el propósito de defraudar.
Supongamos que Tim, se ha apropiado de una determinada cantidad de fondos públicos mientras trabaja como funcionario público para una agencia del condado y solicita la ayuda de Susana para eliminar los registros de tales retiros de dinero público. Si Susana procede a borrar la referida información, aunque ella no se haya apropiado de fondos públicos, estaría incurriendo igualmente en el delito.
¿Existe alguna excepción para este delito en virtud de la cantidad de dinero sobre la cual se realizó la conducta?
Sí, en California se prevé una excepción para este delito según la cantidad de dinero apropiada o sobre la cual versó la conducta considerada como delito. Esta excepción se refiere a que la suma de dinero sea incidental o mínima. Tales términos refieren a una cantidad monetaria que resulte muy baja, por ejemplo, si la apropiación indebida fue de un monto de $3, esto no se consideraría como delito.
Ahora bien, debido a que la ley no establece claramente una determinada suma de dinero como parámetro para considerar si la suma sobre la cual versó el hecho acusado es incidental o mínima, el abogado defensor debe encargarse de presentar en juicio las pruebas pertinentes para demostrar que el monto podía considerarse como tal y así lograr la desestimación de los cargos.
¿Qué elementos deben ser tomados en cuenta al momento de ser investigado por este delito?
Los casos por este delito, a menudo involucran una gran cantidad de documentos y evidencias que pueden resultar complejos de analizar. Es por ello que, la mejor opción es que el caso sea asumido por un abogado que tenga la capacidad y pericia requerida para la evaluación de todos los elementos recabados durante la investigación.
Los agentes del estado suelen llevar a cabo investigaciones minuciosas para determinar la culpabilidad de los funcionarios en hechos que constituyan apropiación indebida de fondos públicos. Sin embargo, un abogado experto puede revisar con detalle cada caso para detectar fallas o errores en la investigación que puedan emplearse como parte de la estrategia de defensa.
Es importante que, si usted está siendo investigado por un hecho que constituya este delito o ha sido acusado en virtud del mismo, debe mantener una actitud de colaboración con las autoridades, procurando permanecer en silencio y contar con la asistencia de un abogado en todas las fases del proceso.
Del mismo modo, debe saber que, aunque haya sido arrestado, esto no implica que todo está perdido, ya que, si la defensa de sus intereses es asumida por un abogado experto, lo más probable es que los resultados sean favorables.
Igualmente, es fundamental contar con la asistencia de un abogado especialista en este tipo de casos, al momento de la audiencia de fianza, para procurar que la fianza no sea denegada.
¿Cuáles son las penas establecidas para este delito?
Según la ley de California, este delito es considerado como grave y, en consecuencia, las condenas por el mismo son: libertad condicional formal o prisión por 2, 3 o 4 años, así como multa por un valor que no exceda los $10.000.
Aunado a lo anterior, si una persona es condenada por este delito, se le inhabilitará para ejercer cualquier tipo de cargo público en el estado. Por supuesto, esto también implica que la persona será retirada definitivamente del cargo público, de modo que perdería su trayectoria profesional en el ejercicio de este tipo de cargos.
¿Cómo defenderse exitosamente durante un juicio por este delito?
Para tener una defensa exitosa en un juicio por este delito, es necesario contar con la asistencia de un abogado defensor que se encargue de evaluar todos los detalles del caso para determinar los elementos más relevantes y favorables que puedan emplearse para definir una estrategia de defensa efectiva.
Evidentemente para estar en capacidad de llevar a cabo eficazmente, las referidas acciones de defensa, es necesario que el abogado defensor tenga una amplia experiencia en el manejo de juicios por este tipo de delito.
Asimismo, la experiencia profesional en el área le permitirá al abogado defensor, definir los elementos probatorios más pertinentes para presentar una defensa sólida y lograr el convencimiento del juez.
En tal sentido, aunque las estrategias de defensa deben ser individualizadas según las circunstancias del caso concreto, existen ciertos argumentos empleados con frecuencia como defensa en estos juicios. Entre dichos argumentos se encuentran: el desconocimiento de la ilicitud de la conducta y la ausencia de negligencia criminal, que el uso de los fondos públicos no fue ilícito, que la persona acusada fue coaccionada para apropiarse indebidamente de los fondos o que los fondos no son públicos.
¿Qué implica alegar el desconocimiento de la ilicitud de la conducta y la negligencia criminal?
Basar una estrategia de defensa en este argumento, implica estudiar exhaustivamente el caso para determinar los elementos probatorios más adecuados para comprobar que la persona acusada actuó sin conocimiento de la ilicitud de su conducta y que además no actuó con negligencia criminal.
Debe resaltarse que, para lograr la desestimación del cargo, es necesario que el abogado defensor logre comprobar ambos supuestos anteriormente mencionados durante el transcurso del juicio.
¿Cómo demostrar que el uso de los fondos públicos no fue ilícito?
Puede suceder que una determinada actuación de un funcionario sea tomada como fundamento para una acusación para este delito cuando en realidad el uso de los fondos se realizó dentro de los parámetros legales aplicables.
En este sentido, si la persona fue acusada por este delito, pero el uso de los fondos públicos no fue ilícito, el abogado defensor puede demostrar que el acusado no llevó a cabo ninguna conducta fuera de los parámetros legales. Para esto, puede utilizar como evidencias recibos o comprobantes de pago o incluso documentos de los cuales se desprenda que la persona actuó siguiendo lo dispuesto en la ley o las instrucciones de un superior.
¿Qué sucede si la persona acusada fue coaccionada para apropiarse indebidamente de los fondos públicos?
En algunas ocasiones, las personas pueden tomar ciertas decisiones basadas en un temor ante algunas amenazas o situaciones que pongan en peligro su vida, su integridad, su situación económica, futuro laboral y profesional o incluso a sus seres queridos.
Muchas veces, las personas para lograr fines ilícitos, utilizan a otros sujetos y así pretenden eludir sus responsabilidades. En tales situaciones suelen emplearse mecanismos de coacción mediante los cuales se busca que una persona cometa un hecho ilícito para beneficio de un tercero.
En tales circunstancias, si la persona acusada actuó bajo coacción, esto puede ser demostrado en juicio por el abogado defensor y así, lograr la desestimación de los cargos. En cuanto a los mecanismos probatorios para demostrar esto, a menudo se emplean grabaciones de conversaciones, llamadas o incluso mensajes de correo electrónico, de redes sociales o cualquier otro tipo, de los cuales se desprenda que la persona fue coaccionada para realizar la actuación que fue tomada como fundamento de la acusación.
¿Qué sucede si los fondos utilizados no eran fondos públicos?
Si en un determinado caso, una persona se desempeñaba como funcionario público y es acusada por este delito por haber obtenido algún tipo de lucro o beneficio económico del uso de fondos que se consideran públicos, pero durante el juicio, la defensa del acusado demuestra que los fondos no tenían tal carácter, la persona no podría ser condenada en virtud del delito.
¿Cuáles son los hechos ilícitos relacionados con este delito?
Este delito se relaciona con otros hechos ilícitos incluidos dentro de la categoría de delitos de cuello blanco, los cuales son perseguidos exhaustivamente por las autoridades en el estado de California, para evitar cualquier tipo de situación que implique una actuación fraudulenta contra el estado.
Así entonces, entre los hechos ilícitos relacionados con este delito, se encuentran: el soborno de funcionarios públicos previsto en las secciones 67 y 68 del Código Penal y la malversación prevista en la sección 503 del mencionado instrumento legal.
El soborno de funcionarios públicos se refiere a que estos funcionarios soliciten algún tipo de dividendo o beneficio con un propósito de corrupción y este delito también puede ser cometido por civiles que tratan de sobornar a los mencionados funcionarios.
En relación a la malversación, este delito se configura cuando una persona se apropia de cualquier tipo de propiedad que no le pertenece para fines considerados como egoístas, por lo que aplica tanto a fondos públicos como privados.
¿Cómo obtener la asistencia legal de un abogado experto en delitos de cuello blanco cerca de mí?
Contar con la asesoría y asistencia de un abogado experto en el manejo de este tipo de delitos puede marcar la diferencia entre ir a prisión o mantener su libertad y conservar su carrera y reputación como funcionario público o como persona vinculada a iniciativas y proyectos que impliquen el manejo de fondos públicos.
Así que, si usted se encuentra involucrado en un caso por este delito, no debe perder tiempo, pues su futuro está en juego. Es por ello que, debe procurar contratar cuanto antes a un profesional en defensa criminal que pueda brindarle asesoría y asistencia legal para obtener una solución favorable a su caso.
Para obtener la asistencia legal de un abogado experto en apropiación indebida de fondos públicos que se encuentre en California, no dude en contactar al equipo de abogados de Orange County Criminal Attorney Law Firm a través del número telefónico 714-831-1858.
